- De acuerdo con las evidencias, la presidenta está secuestrada por criminales
Miguel A. Rocha Valencia
Dice Donald Trump, el presidente del país más poderoso del mundo, que la Jefa del Ejecutivo de México está asustada y no procede a combatir a los criminales que gobiernan realmente a nuestro país.
No es una oficina en Nueva York la que envía el mensaje, ni siquiera la señora Sara Carter, zarina antidrogas de Estados Unidos, o el secretario de Estado Marco Rubio, ni mucho menos quien encabeza la seguridad nacional, Markwayne Mullin (el que sustituyó a Kristi Noem) o John Ratcliffe Sworn, de la CIA; es el presidente de aquel país con el cual compartimos tres mil kilómetros de frontera.
El concepto de que México está gobernado por el crimen organizado no es de alguna autoridad menor o de un juez de acordeón al que se le ocurrió liberar una orden de aprehensión con base en la determinación de un Gran Jurado que consideró contar con evidencia suficiente para pedir a México la custodia preventiva con fines de extradición de un gobernador en funciones llamado Rubén Rocha Moya y de su “hermano”, vecino y paisano, el senador Enrique Inzunza Cázarez.
Ambos personajes debieron ser detenidos por el gobierno mexicano con base en una petición al tratado de extradición existente con Estados Unidos, pero al tratarse de “celebridades” morenistas, en vez de proceder a la captura, se les brindó protección incluso militar y se les ayuda oficialmente a permanecer “desapareciditos”, además de sostener balandronadas de que aquí nadie puede venir por los presuntos criminales, aunque fuera por complicidad, si militan en el oficialismo al cual, trascienden las investigaciones, han prestado importantes servicios.
En vez de detenerlos, se les protege con el falso argumento de que no hay pruebas de su presunta culpabilidad, aunque en Sinaloa, de donde son los dos angelitos, se sepa que efectivamente recibieron colaboración del crimen organizado para alcanzar el poder y que, en compensación, protegieron las ilícitas actividades de sus bienhechores.
Incluso hicieron que el entonces presidente de Morena —perdón, del país— visitara varias veces el terruño de ambos políticos y del principal narcotraficante, Joaquín Guzmán Loera, y hasta les construyera una carretera con dinero público para facilitar la operación de sus ilícitos negocios. De todo eso hay pruebas, fotos, grabaciones, testimonios.
Pero no se actúa contra ninguno de ellos y a eso se refieren los personeros del gobierno de Estados Unidos y su presidente cuando afirman que a la inquilina de Palacio Nacional le falta valor para actuar en contra de ellos.
Y lo peor no es eso, sino que dada la posición “nacionalista” y las proclamas de soberanía de la gobernante mexicana, no proceder es lo que provoca los calificativos del mandatario estadounidense, y peor aún en las más altas tribunas internacionales, como la reunión del G7.
Por eso, sin un asomo de delicadeza, afirma que la mujer tan inteligente que debe mandar en México no gobierna, ya que, según Trump, aquí quien ordena es el crimen organizado, refiriéndose seguramente al hecho de que los políticos incrustados en la administración federal o en el Legislativo son quienes realmente dirigen al país.
Entre las más destacadas personalidades a quienes se liga en ese fenómeno, además de los citados gobernador y los mandatarios de Sonora, Tamaulipas, Baja California y Michoacán, están otros distinguidos miembros de Morena que lo mismo se meten a la ganadería y se hacen millonarios, que a los negocios exitosos y a la asignación de contratos públicos.
Esos que, según el abogado de los hermanos Fernando y Roberto Farías Laguna, Epigmenio Mendieta, también están metidos en el robo de petróleo y la defraudación con combustibles: Adán Augusto López Hernández y Andrés Manuel López Beltrán; por eso se ocultan los expedientes y hacen que la presidenta dé información falsa en sus mañaneras, al menos eso dice el litigante.
En ambos temas de delincuencia organizada, las flechas apuntan al dueño de La Chingada y ese es el punto principal en las imputaciones que se hacen al gobierno de la 4T, porque los estadounidenses dicen que la actual presidenta es decente, honrada, pero que no es ella la que manda y está asustada.
Que conste, no se trata de ninguna amenaza contra la soberanía nacional, sino de advertencias reiteradas de que en cualquier momento podrán actuar contra lo que los gringos consideran criminales en su modalidad de terroristas. Y todo porque el gobierno no se atreve y, por el contrario, oculta a los presuntos responsables de esta tensión con EU, cliente con el cual sostenemos un mercado común por arriba de los 850 mil millones de dólares.
