- Acusar de corrupción a críticos, se revierte contra la 4T
Miguel A. Rocha Valencia
Como que el discurso de corrupción contra críticos, opositores o “adversarios” al régimen se desgastó tanto que ahora se reviente contra los cuatroteros “gracias” a la inmundicia que supura en casi todas sus áreas, donde incluso logros legítimos son cuestionados bajo sospecha de mentirosos como son los resultados que presumen en torno a la lucha contra el crimen.
De hecho, actitudes presidenciales como el reprobar los ataques de Estados Unidos contra lanchas cargadas presuntamente con drogas de Venezuela, les costaron una respuesta muy grave de parte del mandatario Donald Trump quien luego de mostrar su simpatía y admiración por la jefa de Ejecutivo, volvió a arremeter al afirmar que nuestro país está controlado y gobernado por el crimen organizado.
Y lo peor fue que amenazó con “nos defenderemos” y advirtió que atacará por tierra a los cárteles criminales (en general) lo cual puede interpretarse de varias maneras sobre todo por las aseveraciones recientes de legisladores estadunidenses en el sentido de que la lucha anticrimen es una pantomima.
A estas alturas desde fuera y dentro del país y en base a datos del mismo Inegi, se cuestiona la veracidad de los números presentados en las mañaneras especialmente por el titular de Seguridad Ciudadana que da cuenta de más de diez mil generadores de violencia detenidos y cientos de “empresas criminales” desmanteladas con pérdidas millonarias para las organizaciones delincuenciales.
Frente a esos números que se reflejan “oficialmente” en la disminución de asesinatos, el reporte de Inegi es que la sensación de inseguridad aumentó a 68.2 entre los varones y 56.7 en mujeres, casi los mismos niveles de corrupción que reportan las encuestas donde se alcanza el 75 por ciento.
Incluso se detallan cuáles son las ciudades más inseguras para sus habitantes, pero sin mayor consecuencia como sucede por ejemplo en Culiacán, Apatzingán, Chilpancingo o Ecatepec donde los presidentes municipales cargan con el estigma de cómplices de criminales por acción u omisión, pero no se les investiga.
Esos mismos números son cuestionados también por Estados Unidos que hasta el momento lleva abatidas 37 embarcaciones venezolanas presuntamente vinculadas al crimen, hecho que fue reprobado por el gobierno mexicano el cual plantea que hay normas internacionales sobre el particular y que la unión americana no debe pasar por alto.
A raíz de ello fue que Donald Trump reiteró a nivel internacional su acusación de que a México o gobiernan los criminales y que las autoridades les tienen miedo, lo cual coincide con hechos ocurrido en Sinaloa, Veracruz y Michoacán donde al parecer los extorsionadores-asesinos le llevan ventaja al gobierno y desafían incluso a las fuerzas federales del orden.
En ese marco de hechos e ideas fue que el mandatario estadunidense anunció una nueva fase en los operativos anticrimen con operativos terrestres, donde incluso ya se sabe que la CIA está operando al lado de la DEA; y al apuntar que las autoridades tienen miedo en su propio país, anunció operativos terrestres. «La tierra será lo siguiente. Las acciones navales han diezmado las rutas marítimas.
«Los cárteles nos declararon la guerra. Como prometí en campaña, les libramos de una batalla como nunca. No mitigamos la amenaza: la eliminamos».
O sea que en el corto plazo habrá noticias llegadas desde el Norte, a donde se envió de manera expedita y coincidente a quien se considera uno de los mayores operadores del tráfico de fentanilo en el mundo, el chino Zhi Dong Zhang, quien en julio pasado “curiosamente” se fugó de un arresto domiciliario y apareció en Cuba, de donde lo mandaron a México, sin mayor explicación, sólo “se lo encontraron” luego de cuatro meses de andar prófugo.
Todos estos hechos y los pendientes heredados del anterior sexenio como Segalmex, Huachicol, fraude fiscal con hidrocarburos, inseguridad, desapariciones, falta de medicamentos, narcogobernadores, enriquecimientos inexplicables de familiares, amigos y compadres ya permearon en la opinión pública que dictamina que más de siete de cada 10 mexicanos piensen que hay corrupción en la administración pública, lo cual se interpreta como el costo político de la impunidad.
