- Roban, matan, corrompen, abusan del poder y nadie los juzga
Miguel A. Rocha Valencia
La lista de los delincuentes que forman parte de la administración pública que se burlan de la justicia es tal que podría decirse que el cártel de la 4T hizo suya la ley y alcanza dimensiones equiparables a los criminales “comunes” que asesinan, corrompen, abusan del poder y nadie los juzga.
Eso se llama impunidad y mientras ese fenómeno persista difícilmente México alcanzará la anhelada paz y en cambio, persistirá la violencia justificada por aquello de que los culpables de todo son Enrique Peña Nieto y la “guerra de Felipe Calderón” iniciada precisamente porque el entonces gobernador de Michoacán, Lázaro Cárdenas Batel pidió auxilio al Ejecutivo federal.
Ya pasaron siete años, durante seis de los cuales se dieron abrazos y no balazos a la delincuencia y los asesinatos de alto impacto se sucedieron contra lídere y políticos como el de Carlos Manzo, expresidente municipal de Uruapan o a la de Tepalcatepec, Martha Laura Mendoza Mendoza, o al líder limonero Bernardo Bravo y varios más, incluyendo el de un diputado panista en Culiacán, Sinaloa, donde se inmiscuyó al gobernador Rubén Rocha Moya y la “extracción” hacia Estados Unidos de “El Mayo”, Ismael Zambada García.
No se trata d justificar porqué suceden las cosas sino de aportar soluciones, para eso se buscan los cargos públicos, para eso se ejerce el poder y cuando se falla por incapacidad o complicidad, deben reconocerse los errores y las complicidades de las manzanas podridas, no hacerlo convierte a la autoridad en copartícipe de las atrocidades, de la impunidad.
Ninguno de esos asesinatos o intentos de homicidio, ni siquiera de los ocurridos en casa del oficialismo han concluido con la captura de los autores intelectuales convirtiendo los pésames y las promesas de cero impunidad y de llegar hasta las últimas consecuencias, en palabras huecas lo mismo que las lamentaciones y calificativos que al final caen en el mismo disco de culpar a la derecha, a los de antes o a los comentócratas de los hechos a quienes se les llega a llamar “buitres” por evidenciar esa impunidad de que gozan los criminales comunes y con credenciales de Morena.
La impunidad se ha vuelto un sello distintivo en México, se aplica a todos los hijos de la 4T quienes pueden hacer o que quieran al fin que no habrá indagatoria ministerial y menos un juicio y si ahí mismo la ley se interpreta para protección de su agrupación, que se espera hacia afuera con los cárteles, las bandas criminales con las cuales, hay evidencia de complicidad para alcanzar objetivos políticos.
Porque si de líneas de investigación se habla, no hay que descartar el fuego amigo; incluyendo al protector de “La Barredora” Adán Augusto López Hernández quien busca quien destapó su cloaca y busca revancha.
Y es que, sin duda, el asesinato contra Carlos Manzo, pega en la línea de flotación de la política de seguridad del actual régimen la cual choca contra la trazada por la anterior administración. Hace que los números positivos se pongan en duda y vuelvan sospechosos incluso sobre la cantidad de delitos de alto impacto como la baja en los asesinatos.
Es el del exalcalde de Uruapan, un asesinato que va más allá del hecho y trasciende al plano político, ese donde hay irritación y dudas, sobre todo porque al final de cuentas no caen los auténticos responsables de crímenes donde la impunidad se impone lo mismo en los casos de huachicol y fraude fiscal con hidrocarburos donde hay asesinatos, que en los contratos asignados de manera directa y hasta el lavado de dinero a través de instituciones y obras públicas.
No se trata de comentocracia sino de simples números y hechos que coinciden en un eje llamado impunidad donde la teoría y realidad confirman que un hecho delictivo que no se castiga, se repite y así lo vemos en un paralelismo de gobierno y el crimen organizado.
Es decir, si en casa no somos capaces de combatir ese mal, no esperemos que la delincuencia disminuya, pero tampoco debemos encontrar como escape el acusar a los demás.
Menos aún si se buscó un cargo público para “gobernar” y mejorar al país en todos sentidos organizando a la sociedad para tomar decisiones colectivas sobre la distribución del poder y los recursos; establecer normas, regular la convivencia y resolver conflictos, no para echarle la culpa a los demás como excusa a mi incapacidad para ejercer el poder en bien de la ciudadanía
Lo del señor Carlos Manzo es una lección, es la muestra palpable de que hay fallas, pues a resolverlas que para eso son gobierno y dejarse de lamentaciones después de siete años y que tienen como vértice discursivo “este es el país que nos dejaron”.
Eso no vale porque si a esas vamos, la percepción es que hoy estamos peor que con Calderón y Peña.
