- Exigir pruebas ante lo evidente es necedad, complicidad, sumisión o…
Miguel A. Rocha Valencia
Bien decía el profeta de la 4T que, para caminar con él, sus acompañantes debían mostrar 90 por ciento lealtad y 10 por ciento capacidad para desempeñar el cargo que les fuera asignado, parámetro que hizo evidente cuando ordenó la parodia aquella donde resultó triunfadora la actual jefa del Ejecutivo por ser la mejor, la más brillante y capacitada. La más fiel.
Pero, en el fondo, lo que exigía el dueño del balón de la 4T era lealtad absoluta, “hasta la ignominia”, y dictó sus reglas en caso de que alguno de sus seguidores fuera descubierto y acusado de “algún pecadillo”. De entrada debía negarlo todo; si se insistía, volver a negar; luego, desviar la atención y, finalmente, ya sin margen de maniobra, culpar a otros, incluyendo al pasado de lo ocurrido o señalar que otros hicieron lo mismo, pero más grande.
Y le funcionó. A nadie de los acusados durante su mandato, incluyendo a él mismo, se le cuestionó desde la tribuna presidencial; más bien se le cobijó y protegió frente a los embates de “los enemigos de la 4T”, quienes, ya fueran políticos, líderes de opinión, periodistas o jefes de organismos privados, eran perseguidos, desprestigiados en la hoguera de Palacio y, finalmente, olvidados.
La receta pasó, como en una buena familia, a manos de la sucesora; la diferencia es que a ella le cayó también la lista de todos los pecados cometidos en la administración anterior, pero no el manejo de la dialéctica pública y menos cuando las acusaciones empezaron a llegar del otro lado de la frontera, donde el discurso oficialista no prospera y se aferra a una verborrea patriotera con sello de autonomía e independencia que nada tienen que ver con lo criminal.
Porque el tema de la corrupción institucional y hasta las flagrantes alianzas con los grupos criminales trascendieron lo local; al principio el manejo fue impecable y se atendieron los reclamos estadounidenses en materia de seguridad por dos vías.
La primera fue la persecución de lo que hoy se llama “generadores de violencia”, incluyendo la cacería de capos escondidos. El tema es que el mesías tropical no hizo caso; negó la existencia de fábricas de fentanilo y metanfetaminas en territorio mexicano, hasta que los chapos decidieron entregarse antes de que vinieran por ellos. Se llevaron a sus familias.
En ese mismo inter, le hicieron una atenta invitación a la otra cabeza del cártel de Sinaloa, Ismael Zambada, “El Mayo”, donde asesinan a un diputado y se involucra al gobernador Rubén Rocha Moya, a quien meses después la justicia estadounidense reclama en proceso de extradición.
Antes, y para aflojar la presión, el gobierno de México entrega, incluso de manera ilegal, a un centenar de delincuentes mexicanos de alto rango, en tanto que en lo doméstico presume la captura de casi 50 mil generadores de violencia.
Para los departamentos de Justicia, Tesoro y Estado, además de Seguridad Nacional de Estados Unidos, no es suficiente; el presidente Donald Trump y su secretario de Estado insisten en que hay muy buena colaboración con la presidenta de México, la cual es calificada de brillante, pero al mismo tiempo la acusan de miedosa y que quien gobierna en nuestro país es el crimen organizado y “nadie más”.
Aunque ese discurso ya lleva meses, se recrudeció luego que la jefa del Ejecutivo se negó a detener precautoriamente, con fines de extradición, a Rubén Rocha Moya, al general Gerardo Mérida Sánchez y otros ocho sinaloenses más, bajo el argumento de que no había pruebas.
El escándalo siguió con la suspensión de visas a varios gobernadores y destacados morenistas y se dice que también empresarios y banqueros, entre los que está seguramente el dueño de Vector y ex consejero presidencial, Alfonso Romo, a quien seguramente acusarían de lavador de dinero, incluyendo de socios del exsecretario de Seguridad de Calderón, Genaro García Luna.
Total que ahora salen con que algunos pusieron sus barbas a remojar y ya se pusieron en contacto con la justicia estadounidense para “cantar”, incluyendo al inefable Adán Augusto López Hernández, que concentra la mirada de muchos asuntos que van desde tráfico de influencias hasta huachicol y sociedades con el crimen organizado.
El senador no ha desmentido el hecho, como tampoco los gobernadores mencionados, y si se sigue esa huella, toda la ruta lleva a Palenque y si toca al dueño de La Chingada le va a pegar a la actual administración, que por alguna razón muy poderosa protege con el manto de la impunidad a los mencionados, que son indiciados en Estados Unidos. Veremos si va más allá de la ignominia que exigía el dueño del proyecto. Él así lo decía, que conste.
