- Mónica Soto Fregoso, Felipe de la Mata y Alfredo Fuentes al servicio de la 4T
Miguel A. Rocha Valencia
Descaradamente los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, encabezados por Mónica Soto Fregoso, Felipe de la Mata Pizaña y Felipe Alfredo Fuentes Barrera, entregaron la autonomía de la institución al poder Ejecutivo y con “sus” decisiones, se colocaron por encima de la Suprema Corte de Justicia, hecho por el cual, seguramente serán recompensados por la señora president(a).
Quienes se resistieron a hincarse ante la nueva soberana fueron Janine Otálora Malassis y Reyes Rodríguez Mondragón quienes seguramente no alcanzarán chamba en el remedo de poder Judicial.
Es decir, los mismos que entregaron la autonomía del TEPJF y le dieron a Morena y aliados la “supremacía legislativa” con la entrega de la mayoría calificada en la cámara de Diputados son quienes inventan resoluciones para ordenar al poder judicial realizar contrarios a la Ley, desatender ordenes de jueces federales y finalmente colocarse por encima de la Suprema Corte de Justicia a quien además, otra morenista, Jazmín Esquivel, se atreve a regañar y decirle que carece de facultades para otorgar medidas cautelares.
O sea que para el tribunal electoral, la ministra de morena y la jefa del Ejecutivo, la Suprema Corte de Justicia y particularmente su presienta, ya no tienen ninguna autoridad.
La pregunta es si la president(a) legisladores y TEPJF obedecerán resoluciones de quienes integren el nuevo poder Judicial y si algunos de esos juzgadores elegidos por el pueblo agradecido tendrán los tamaños para aplicar la Ley, cualquiera que sea vigente, en contra de sus hacedores.
En tanto, propios y ajenos nos quedamos pasmados ante lo que pasa, especialmente el rastrerismo de Mónica Soto Fregoso, Felipe de la Mata y Alfredo Fuentes, especialmente la primera a quien cínicamente, morena le entregó la presidencia del organismo.
Peor será cuando sin examinar y evaluar a los aspirantes a jueces, magistrados o ministros para insacular a los mejores, se les meta a todos en una tómbola donde la suerte, el azar o un albur entregue los cargos de impartidores de justicia en todos sus niveles, como si fuera poco con las señoras Lenia Batres Guadarrama o Jazmín Esquivel Mossa.
Todo eso se sabe y se valora; los extranjeros ven el tema con mirada incrédula, observan que no existen órganos autónomos y sí un poder omnímodo concentrado en la cabeza del Ejecutivo federal desde donde se mueven los hilos de reformas “constitucionales” de acuerdo a las circunstancias y mandatos de una mujer dueña de vidas y haciendas, que otorga beneplácitos y condenas como en este caso le dio el visto pueblo al TEPJF por treparse sobre la SCJN.
Así las cosas, hablar de que en México existe pleno estado de derecho no sólo es una quimera sino una entelequia que si no fuera porque encierra una tragedia nacional, movería a risa.
De hecho empresarios comentan que siguen la corriente, pero que difícilmente van a arriesgar sus capitales en un país donde las reglas del juego se pueden cambiar prácticamente de un día para otro, donde con a orden del Ejecutivo, el Legislativo es capaz de cambiar todo el andamiaje “jurídico”, dar vuelta al discurso y quienes antes eran delincuentes, volverlos próceres de la patria y al revés.
Y todo bajo el escrutinio de la opinión pública, gobiernos, empresarios y congresos de otros países a quienes en el discurso demagógico les garantizan un estado de Derecho que cambia todos los días con ocurrencias, violaciones incluso a la mismas “sesudas” reformas constitucionales de un día anterior.
Eso lo vamos a pagar pues difícilmente una empresota se va a tragar el cuento o algún gobierno extranjero se irá con la finta. México deja de ser cada vez menos atractivo a las inversiones. Ya lo estamos viviendo.
Una vez más se van a dejar pasar oportunidades de crecimiento y desarrollo. Lo peor de todo es que por un momento pensamos que habría congruencia y surgirían acciones de estadistas, pero ya vimos una vez más, de lo que es capaz el poder y más si es absoluto con una feligresía entregada incluyendo la de instituciones que en su momento fueron autónomas gracias a su ciudadanización como lo fueron el TEPJF y el propio INE
