El exembajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, aseguró que el traslado de Ismael “El Mayo” Zambada a territorio estadounidense no fue organizado por el gobierno de su país y rechazó haber proporcionado información falsa a las autoridades mexicanas.
“No era nuestro avión, no era nuestro piloto y no era nuestra operación”, sostuvo el exdiplomático al responder a las declaraciones de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien señaló que existen elementos para pensar que Salazar pudo haber mentido sobre la participación de agencias estadounidenses en el caso.
Salazar afirmó que la detención de Zambada ocurrió en Estados Unidos y que ningún agente de ese país participó en una operación dentro de territorio mexicano. También sostuvo que, desde el inicio, mantuvo comunicación con el entonces fiscal general Alejandro Gertz Manero y con funcionarios del gobierno mexicano para compartir la información disponible.
La polémica se reavivó luego de que la aeronave utilizada para trasladar a Zambada y a Joaquín Guzmán López fuera exhibida en un museo estadounidense con una placa que atribuye al FBI participación en la captura de ambos integrantes del Cártel de Sinaloa.
Ante esta situación, el Gobierno de México solicitó explicaciones a Washington y pidió esclarecer si agencias estadounidenses intervinieron en la planeación o ejecución del traslado, realizado el 25 de julio de 2024 sin conocimiento previo de las autoridades mexicanas.
La Fiscalía General de la República mantiene abiertas varias investigaciones relacionadas con el caso, entre ellas el posible secuestro de Zambada, el uso ilegal de una aeronave, la salida clandestina del país y la eventual intervención de funcionarios extranjeros.
Salazar insistió en que Estados Unidos únicamente actuó cuando la aeronave aterrizó en su territorio y los dos narcotraficantes quedaron bajo custodia de las autoridades. Asimismo, señaló que Zambada fue llevado contra su voluntad, mientras que Guzmán López se entregó voluntariamente.
El caso continúa generando tensión diplomática entre México y Estados Unidos, principalmente por las dudas sobre el origen de la operación y por la posibilidad de que se hayan realizado acciones extranjeras sin autorización del Gobierno mexicano.
