Una iniciativa presentada en el Congreso de la Ciudad de México busca modificar el Código Penal local para castigar hasta con nueve años de prisión a quienes produzcan o compartan imágenes y videos de carácter sexual de personas menores de 18 años, incluso cuando estos contenidos sean generados o alterados mediante inteligencia artificial u otras herramientas digitales.
La propuesta fue promovida por la diputada del PAN Laura Alejandra Álvarez Soto, quien alertó que la legislación vigente no se ha actualizado al ritmo de los avances tecnológicos, dejando espacios legales que son utilizados por quienes cometen este tipo de agresiones.
El planteamiento establece que la misma sanción se aplicará a quienes difundan este material dentro del entorno escolar de la víctima, al considerarse una forma grave de violencia que puede provocar consecuencias como el abandono de los estudios.
La legisladora explicó que la iniciativa, ingresada el pasado 26 de febrero, propone reformar la fracción I y añadir las fracciones VI y VII al segundo párrafo del artículo 181 Quintus del Código Penal, con el propósito de equiparar la creación de imágenes sexuales de menores al delito agravado contra la intimidad sexual.
Incremento de casos y uso de medios digitales
Durante su exposición en tribuna, la presidenta de la Comisión de Atención al Desarrollo a la Niñez señaló que en el primer trimestre de 2025, los delitos de trata relacionados con abuso sexual infantil representaron 86 por ciento de los reportes clasificados como trata de personas, y de estos, 62 por ciento correspondieron a pornografía infantil.
Indicó que la mayoría de las víctimas son adolescentes: 44 por ciento tiene entre 16 y 17 años y 41 por ciento entre 12 y 15 años, aunque también se han detectado casos en menores de apenas seis años. Añadió que gran parte de los contactos iniciales se realizan a través de plataformas digitales de uso cotidiano.
Álvarez Soto subrayó que la violencia contra niñas, niños y adolescentes se produce con frecuencia mediante teléfonos celulares o tabletas, a través de juegos, desafíos o supuestas bromas que derivan en la creación de imágenes falsas, pero con efectos reales en la vida de las víctimas.
“Cuando una imagen sexualizada de una persona menor de edad se difunde, aunque haya sido generada con inteligencia artificial, provoca miedo, humillación y un daño psicológico profundo. Es una violación grave a su intimidad y a su derecho a vivir con seguridad”, afirmó.
Protocolos y capacitación
La iniciativa contempla que, de aprobarse, las autoridades deberán actualizar los protocolos de actuación, capacitar a policías cibernéticos y peritos especializados, emitir lineamientos técnicos para validar pruebas digitales y reforzar campañas permanentes de prevención en escuelas.
El proyecto fue turnado a la Comisión de Administración y Procuración de Justicia para su estudio y eventual dictaminación.
